Abelardo firmará el 7 de agosto el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana. Qué es, cómo funcionaría, los antecedentes de las Convivir y las preguntas sin responder.
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Bloques de Defensa para la Seguridad Urbana: la propuesta de Abelardo que sacudió a Colombia, sus implicaciones y el fantasma de las Convivir
El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que el 7 de agosto firmará el decreto que crea el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana. El anuncio generó apoyo entusiasta de alcaldes y críticas durísimas de la oposición, que ya habla de «paramilitarismo 2.0». ¿Qué es exactamente lo que propone? ¿Cómo funcionaría? ¿Y qué dice la historia sobre iniciativas similares en Colombia?
Qué anunció Abelardo y por qué generó tanta tormenta
El domingo 5 de julio de 2026, el presidente electo Abelardo de la Espriella publicó en su cuenta de X un mensaje que encendió el debate político nacional: «El 7 de agosto firmaré el decreto creando el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana. Para dictar medidas efectivas y acordes con las necesidades de las ciudades más afectadas, estoy convocando a los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga para liderar la mayor operación de seguridad urbana en Colombia».
La reacción fue inmediata y dividida. Alcaldes como Federico Gutiérrez en Medellín, Alejandro Eder en Cali y Alejandro Char en Barranquilla aplaudieron la medida. Desde la oposición, congresistas del Pacto Histórico y movimientos sociales compararon la propuesta con las Convivir de los años noventa y con el paramilitarismo. Y en las redes sociales, la discusión se convirtió en tendencia durante horas. El debate, en el fondo, resume una tensión que Colombia carga desde hace décadas: cómo recuperar la seguridad en las ciudades sin repetir los errores que dejaron masacres, desplazamiento y terror.
En resumen
- El 7 de agosto de 2026, día de su posesión, Abelardo de la Espriella firmará el decreto que crea el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana.
- La estrategia se enfocará inicialmente en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.
- Busca coordinar acciones entre el Gobierno nacional, las alcaldías y la Fuerza Pública para enfrentar extorsión, hurto y homicidios.
- El presidente electo no ha entregado detalles sobre el presupuesto, la conformación exacta del bloque ni el alcance preciso de las medidas.
- La oposición alerta sobre el riesgo de reproducir dinámicas de las Convivir, cooperativas de vigilancia que derivaron en estructuras paramilitares en los años noventa.
- También anunció el desmonte de la paz total de Petro y la reactivación de órdenes de captura contra grupos armados.
Cómo funcionaría el Bloque de Defensa: lo que se sabe y lo que falta por definir
El presidente electo ha sido más contundente en el diagnóstico que en los detalles operativos. Lo que se conoce hasta ahora es que el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana sería una instancia de coordinación entre el Gobierno nacional, las principales alcaldías y la Fuerza Pública (Policía Nacional y Fuerzas Militares), con el objetivo de ejecutar operaciones conjuntas contra las estructuras criminales que operan en las ciudades. La idea de fondo es unificar el mando y la inteligencia en materia de seguridad urbana, que hoy está fragmentada entre la Policía Nacional, el Ejército, la DIJIN y las secretarías de seguridad de cada municipio.
Los delitos que el bloque atacaría prioritariamente son la extorsión, el hurto calificado y los homicidios, que han repuntado en varias ciudades durante los últimos años. De la Espriella también ha mencionado que la estrategia se complementará con otras medidas: la construcción de megacárceles al estilo del modelo de El Salvador bajo Bukele, la retoma de la erradicación de cultivos ilícitos, el fortalecimiento de los controles de frontera y la persecución a las finanzas del crimen organizado.
Lo que aún no está claro es si el bloque implicará la participación de civiles armados, si se crearán cuerpos de vigilancia ciudadana con respaldo estatal o si se limitará a la coordinación entre instituciones existentes. Esa ambigüedad es, precisamente, la que más preocupa a los críticos de la propuesta.
«No más extorsiones, atracos y homicidios en nuestra patria. No habrá un solo rincón de Colombia donde el Estado renuncie a ejercer su legítima autoridad.»
— Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, julio de 2026
Los antecedentes: de las Convivir al paramilitarismo, la historia que Colombia no puede ignorar
Para entender por qué el anuncio de Abelardo generó tanto rechazo en sectores de la oposición, hay que remontarse a una de las páginas más oscuras de la historia reciente del país. En diciembre de 1994, durante la presidencia de Ernesto Samper, el gobierno reglamentó mediante el Decreto 356 las llamadas Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada para la Defensa Agraria, popularmente conocidas como las Convivir. La idea original era articular a la población civil con la Fuerza Pública para obtener inteligencia y frenar la expansión guerrillera, especialmente en zonas rurales con poca presencia estatal.
Las Convivir tuvieron su epicentro principal en Antioquia, donde el entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez fue su principal impulsor y defensor. Al final de 1997, cuando Uribe terminó su período como gobernador, se habían creado 65 grupos Convivir en ese departamento y 414 en todo el país. Lo que empezó como una estrategia de inteligencia civil derivó, en varios casos documentados, en algo muy distinto.
En 1998, la organización Human Rights Watch documentó que varios grupos Convivir del Magdalena Medio y el sur del Cesar estaban siendo dirigidos por reconocidos paramilitares y amenazaban a civiles señalados de simpatizar con la guerrilla. Amnistía Internacional también rechazó estas cooperativas. La Corte Constitucional las declaró inconstitucionales en 1997, pero el Estado no logró recuperar todas las armas que les había entregado. Muchos de sus miembros terminaron vinculados a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y a las estructuras que perpetraron masacres, desplazamientos masivos y asesinatos selectivos durante los años siguientes.
La línea histórica que preocupa a los críticos
- 1994: Decreto 356 crea las Convivir como cooperativas de vigilancia civil apoyadas por el Estado.
- 1995-1997: En Antioquia, el gobernador Uribe impulsa 65 grupos Convivir. Varias terminan vinculadas a paramilitares.
- 1997: La Corte Constitucional las declara inconstitucionales. El Estado no recupera las armas.
- 1998-2002: Muchos integrantes de las Convivir se incorporan a las AUC. El paramilitarismo se consolida con masacres y terror.
- 2003-2006: Ley de Justicia y Paz y desmovilización parcial de los paramilitares. Comienza el proceso de verdad y reparación.
- 2026: Abelardo anuncia el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana. La oposición traza la línea: Convivir, Convivir 2.0.
Los que apoyan y los que rechazan: el mapa político de la propuesta
Quiénes apoyan
- Federico Gutiérrez (alcalde de Medellín): «Qué diferencia un presidente que quiere seguridad para la gente.»
- Alejandro Eder (alcalde de Cali): «Celebro la decisión. Ese es el camino: coordinación, autoridad y acciones concretas.»
- Alejandro Char (alcalde de Barranquilla): «Colombia necesita decisiones firmes en materia de seguridad.»
- Carlos Fernando Galán (alcalde de Bogotá): Lo califica como un paso importante, aunque pide revisar la política criminal.
- José Jaime Uscátegui (Centro Democrático): «¡Bien, Presidente! La seguridad de los colombianos debe estar por encima de cualquier consideración.»
- Mauricio Gómez Amín (jefe de debate de Abelardo): «Los bandidos deben saber que sus días de impunidad se están acabando.»
Quiénes rechazan
- Alejandro Ocampo (Pacto Histórico): «¿Tendremos paramilitarismo 2.0? ¿Volverán los Mancuso, las masacres y el destierro?»
- Óscar Benavides (representante electo por negritudes): «Ayer las Convivir, hoy bloques de defensa. Ya sabemos en qué tipo de grupos terminó esto.»
- Mafe Carrascal (Cámara, Pacto Histórico): Rechazó el enfoque y lo comparó con modelos del pasado que generaron violencia.
- Wally (representante electo): «Colombia no necesita reciclar fórmulas que dejaron muerte, terror y desplazamiento.»
- Diana Ángel (actriz y activista): Cuestionó el impacto del decreto sobre los derechos civiles y las garantías ciudadanas.
¿Es una buena alternativa? El análisis que Colombia necesita hacer
La respuesta honesta es que depende, y mucho, de los detalles que Abelardo aún no ha revelado. La coordinación interinstitucional entre el gobierno nacional, las alcaldías y la Fuerza Pública para combatir la criminalidad urbana no es en sí misma una mala idea. De hecho, es una práctica estándar en muchos países y ha funcionado en ciudades colombianas cuando se ha aplicado con criterio, presupuesto, control y respeto por los derechos fundamentales.
El problema histórico en Colombia no ha sido la coordinación en sí, sino lo que pasa cuando esa coordinación incorpora actores civiles armados sin supervisión, sin rendición de cuentas y sin mecanismos de control robustos. Las Convivir comenzaron con una lógica similar a la que hoy propone Abelardo, y en varios territorios derivaron en estructuras que actuaron por fuera de la ley con armamento del Estado.
Hugo Acero, exsecretario de seguridad de Bogotá y uno de los expertos más reconocidos en seguridad urbana en Colombia, ha señalado que la viabilidad de una propuesta como esta depende de tres factores que el gobierno entrante aún no ha definido: quiénes serán los actores que integren el bloque (¿solo Fuerza Pública o también civiles?), cuál será el mecanismo de supervisión y control de posibles excesos, y cómo se garantizará que las operaciones respeten el debido proceso y los derechos humanos. Sin respuestas claras a esas tres preguntas, es difícil evaluar si el Bloque de Defensa es una política de seguridad seria o un nombre llamativo con vacíos que pueden llenarse de maneras muy peligrosas.
| Potenciales fortalezas | Riesgos concretos |
|---|---|
| Unifica el mando y la inteligencia contra el crimen urbano, hoy fragmentada entre varias instituciones | Sin detalles sobre composición, puede abrirse la puerta a actores civiles armados sin supervisión |
| Alinea al gobierno nacional con las alcaldías en una sola estrategia de seguridad territorial | La historia colombiana muestra que esquemas similares han derivado en paramilitarismo y abusos |
| Responde a una demanda ciudadana real: la inseguridad urbana es la principal preocupación de los colombianos | La falta de detalles sobre mecanismos de control genera incertidumbre jurídica y política |
| Envía una señal política clara al crimen organizado: el nuevo gobierno no negociará impunidad | El desmonte simultáneo de la paz total puede reactivar grupos armados que estaban en negociación |
| Modelos similares han funcionado en otras ciudades latinoamericanas con supervisión adecuada | La comparación con el modelo Bukele aplica en El Salvador, un país con un contexto muy diferente al colombiano |
El desmonte de la paz total: la otra cara del decreto del 7 de agosto
El Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana no es la única medida que Abelardo firmará el día de su posesión. El presidente electo también ha confirmado que el 7 de agosto comenzará el desmonte definitivo de la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro. Esto significa que el nuevo gobierno revisará los acuerdos alcanzados con distintos actores ilegales, conformará un equipo para evaluar su arquitectura jurídica y solicitará la reactivación de las órdenes de captura que fueron suspendidas en el marco de las negociaciones con grupos armados como el ELN, las disidencias de las FARC y otras estructuras.
Esta decisión tiene implicaciones directas sobre el Bloque de Defensa: si los grupos que estaban en diálogo retoman las hostilidades ante el cierre de los procesos de paz, la presión sobre la seguridad urbana podría aumentar antes de que el bloque esté operativo. Los expertos en seguridad señalan que la transición entre el fin de la paz total y el inicio del nuevo modelo de mano dura será el período más delicado para las ciudades, especialmente las que han tenido presencia activa de estructuras armadas en sus barrios.
Qué necesita Colombia para que funcione
- Detalles claros sobre la composición del bloque. ¿Quiénes lo integran? ¿Solo Fuerza Pública y alcaldías, o también civiles? La diferencia entre esas dos respuestas es fundamental para evaluar el riesgo de repetir errores históricos.
- Mecanismos robustos de supervisión y rendición de cuentas. Cualquier esquema de seguridad que opera con alta discrecionalidad y bajo control externo en Colombia ha terminado generando abusos. El control de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y el poder judicial debe ser explícito desde el principio.
- Diferenciación territorial. Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla tienen perfiles de criminalidad distintos. Un esquema único aplicado sin adaptación territorial puede ser efectivo en una ciudad e inoperante o contraproducente en otra.
- No sustituir la investigación criminal por la fuerza bruta. Las organizaciones criminales que operan en las ciudades colombianas son estructuras complejas con componentes financieros, políticos y sociales. La operatividad policial sola no las desmantela sin trabajo de inteligencia, judicialización y persecución de activos.
- Garantías para la población civil. En contextos de operaciones de seguridad intensificadas, los barrios más pobres y las comunidades marginadas son históricamente los más expuestos a los abusos. Los mecanismos de protección de civiles deben ser parte del diseño, no un añadido posterior.
Conclusión: una propuesta con respaldo ciudadano y preguntas sin responder
El Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana de Abelardo de la Espriella refleja una realidad que nadie puede negar: la inseguridad en las ciudades colombianas es un problema grave, creciente y que la política de paz total no resolvió. La ciudadanía que votó por Abelardo el pasado 21 de junio lo hizo, en buena medida, buscando exactamente ese cambio de enfoque.
Pero Colombia también tiene una historia que no se puede ignorar: cada vez que el Estado ha intentado resolver el problema de la inseguridad armando o coordinando actores civiles sin suficiente supervisión, los resultados han sido desastrosos. Las Convivir no nacieron como un proyecto paramilitar. Nacieron como un esquema de colaboración ciudadana con la Fuerza Pública. Y terminaron siendo, en muchos casos, el semillero de las estructuras que sembraron terror durante dos décadas.
El debate que ha generado este anuncio no es, entonces, entre quienes quieren seguridad y quienes no la quieren. Es entre quienes creen que esta propuesta, con los detalles correctos, puede funcionar, y quienes temen que los detalles que faltan sean exactamente los que la pueden convertir en un problema mayor que el que busca resolver. Colombia merece una respuesta clara a esas preguntas antes del 7 de agosto.
Redacción Altavoz360 · Colombia · Política & Seguridad · Julio 2026
