Crisis del sistema de salud · Viral en Colombia
Medicina Legal le dijo no a Petro: no puede entregar el informe de necropsia de Kevin Acosta sin orden judicial
El director del instituto forense respondió este martes a la alocución presidencial en la que Petro acusó al organismo de ocultar la autopsia del niño de 7 años que murió en Bogotá tras dos meses sin recibir su medicamento para la hemofilia. La tutela que interpuso el Ministerio de Salud fue declarada improcedente.
Redacción Periodismo
Periodismo de Salud y Justicia · Altavoz360.com
Qué está pasando
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses entró este martes al centro del debate político y judicial en Colombia. Su director, Ariel Emilio Cortés Martínez, salió a desmentir públicamente al presidente Gustavo Petro, quien la noche del lunes 27 de abril acusó a la entidad de retener el informe de necropsia del niño Kevin Arley Acosta Pico por instrucciones de la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo.
Cortés fue categórico: el instituto, como auxiliar de la justicia, no tiene potestad legal para entregar los resultados de una necropsia sin orden judicial a ninguna entidad ni particular. Esa información solo puede ir a las autoridades competentes que adelantan la investigación. No es una decisión política: es la ley.
El caso remite a Kevin Arley Acosta Pico, el niño de 7 años con hemofilia A severa que falleció el 13 de febrero de 2026 en el Hospital La Misericordia de Bogotá. Según su madre, Yudy Katherine Pico, la Nueva EPS dejó de suministrarle el medicamento Hemlibra (emicizumab) desde el 12 de diciembre de 2025, cuando una IPS quedó sin convenio con la aseguradora. El 8 de febrero, el menor sufrió una caída en bicicleta que le provocó un trauma craneoencefálico severo. Sin su tratamiento al día, no sobrevivió.
En resumen
- Kevin Acosta, de 7 años, murió el 13 de febrero de 2026 tras dos meses sin recibir Hemlibra, su medicamento para la hemofilia A severa.
- Petro acusó el lunes a Medicina Legal de ocultar la necropsia por instrucciones de la Fiscal General.
- Medicina Legal respondió este martes: la ley les impide entregar ese informe sin orden judicial, y así lo han aplicado desde el principio.
- El Ministerio de Salud intentó obtener el informe vía tutela en marzo; un juez la declaró improcedente el 14 de abril.
- La familia de Kevin demanda al Estado y pide más de $1.800 millones en indemnización. La Procuraduría ya atribuyó la muerte a negligencia de Nueva EPS.
La cronología del enfrentamiento
El conflicto entre el gobierno y Medicina Legal no nació esta semana. Tiene una trayectoria judicial concreta que el propio Cortés expuso en su comunicado oficial:
4 de marzo: el Ministerio de Salud solicitó formalmente a Medicina Legal la historia clínica y el informe de necropsia de Kevin. El instituto respondió conforme al ordenamiento jurídico: ese tipo de documentos son reservados y solo se comparten con las autoridades investigativas designadas por la ley.
25 de marzo: ante la negativa, el Ministerio de Salud interpuso una acción de tutela contra Medicina Legal, alegando presunta vulneración del derecho fundamental de petición.
14 de abril: el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá declaró improcedente la tutela. El fallo dejó en firme que el instituto no tenía obligación legal de entregar el informe a una cartera gubernamental.
27 de abril: Petro, en su alocución presidencial, afirmó que Medicina Legal ocultaba el informe por órdenes de la Fiscal Camargo. La frase exacta fue que la fiscal «dijo que no nos lo entregaran». La afirmación generó reacción inmediata en redes.
28 de abril: Cortés Martínez emitió un comunicado a la opinión pública desmintiendo la versión presidencial y explicando el marco legal que rige la reserva forense.
«El Instituto, como auxiliar de la justicia, no tiene potestad de entregar resultados de las necropsias sin orden judicial a entidades o personas naturales. Estos solo se entregan a las autoridades competentes de adelantar las investigaciones.»
Lo que está detrás: la crisis de salud que el gobierno no quiere mostrar
El caso de Kevin no es un incidente aislado. Es el rostro más doloroso de una crisis sistémica que lleva meses acumulándose. La Procuraduría General de la Nación, en un informe del 17 de marzo, fue clara: el niño estuvo casi dos meses sin recibir emicizumab porque Medicarte, la IPS encargada de su atención, suspendió el suministro por falta de pago de la Nueva EPS. Según el documento, la aseguradora acumulaba una deuda de más de $53.180 millones con esa IPS al 31 de diciembre de 2025, fecha en que expiró el contrato.
El problema para el gobierno es estructural: la Nueva EPS está intervenida por el Estado desde la administración Petro. Es decir, la entidad responsable del niño estaba, en la práctica, bajo supervisión directa del gobierno cuando Kevin dejó de recibir su medicamento.
Semana reveló además que hay al menos diez familiares de Kevin con la misma enfermedad enfrentando situaciones similares. No se trata de un caso único, sino de un patrón que afecta a pacientes con enfermedades huérfanas en todo el país.
La familia demanda: más de $1.800 millones en juego
Mientras el debate político continúa, la madre del niño, Yudy Katherine Pico, inició una demanda contra el Estado colombiano por daño antijurídico. La conciliación extrajudicial presentada propone una indemnización de más de $1.800 millones, con posibilidad de reducirse a $923 millones para evitar un litigio extenso. La demanda contempla compensaciones para once personas, incluyendo los tres hermanos de Kevin, la abuela materna y otros dolientes.
El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía inspeccionó al menos ocho IPS en Huila, Antioquia, Santander, Cauca y Bogotá para recabar pruebas, incluyendo el análisis de la necropsia que Medicina Legal solo entregará a las autoridades investigativas. La familia también evalúa acudir a instancias internacionales si el proceso nacional no avanza.
Versiones en conflicto
| Actor | Posición sobre la causa de la muerte | Sobre el informe de necropsia |
|---|---|---|
| Petro / Min. Salud | El accidente fue la causa principal; la familia debía prevenir que el niño montara bicicleta | Acusa a Medicina Legal de ocultarlo por instrucción de la Fiscal |
| Familia / Procuraduría | La falta del medicamento durante dos meses agravó el desenlace del accidente. Hubo negligencia de la Nueva EPS | Exigen acceso a la información para sustentar la demanda |
| Medicina Legal | La necropsia determinará los factores exactos; aún es reservada | No puede entregarlo sin orden judicial. Así lo establece la ley. No hay instrucciones políticas de por medio |
| Fiscalía | Investiga si hubo omisión penal o administrativa | Tiene acceso al informe como autoridad investigativa competente |
Por qué esto importa más allá del caso Kevin
El enfrentamiento entre Petro y Medicina Legal revela algo más profundo que una disputa procedimental: el gobierno busca controlar la narrativa sobre las consecuencias de sus propias políticas. La Nueva EPS, intervenida bajo su administración, es señalada como responsable directa de la muerte del niño. Ante ese escenario, la estrategia comunicacional del ejecutivo ha oscilado entre culpar a la familia, culpar al sistema heredado y ahora señalar a la Fiscal y a Medicina Legal.
Mientras tanto, la senadora María Fernanda Cabal salió al paso en redes señalando que el propio gobierno violó la ley al revelar la historia clínica privada del niño, algo que está prohibido. El caso se convierte así en un espejo de la crisis institucional que atraviesa el país: fallas en salud, guerra de relatos políticos y un sistema de justicia que intenta mantenerse al margen de las presiones.
Qué dicen los expertos y qué debe pasar
- La reserva de la necropsia es un principio básico del ordenamiento jurídico colombiano: protege la integridad de las investigaciones penales y la intimidad del fallecido.
- La Fiscalía, como autoridad investigativa, ya tiene acceso al informe forense. El debate sobre si el gobierno puede verlo es, en términos legales, una discusión que ya fue resuelta por un juez.
- La Procuraduría, un ente independiente del gobierno, ya concluyó que hubo negligencia de Nueva EPS. Ese hallazgo es el piso jurídico de la demanda familiar.
- El sistema de salud necesita garantías reales para pacientes con enfermedades huérfanas: medicamentos de alto costo que no pueden interrumpirse sin consecuencias graves.
Ventajas y riesgos del debate público sobre este caso
| Lo que el debate logra | Lo que el debate oculta o distorsiona |
|---|---|
| Visibiliza la crisis de acceso a medicamentos para enfermedades huérfanas | Convierte el dolor de una familia en munición política |
| Obliga al sistema de salud a rendir cuentas públicamente | Desplaza la atención del fondo (fallas de la Nueva EPS intervenida) hacia la forma (quién tiene el informe) |
| Pone en evidencia deudas millonarias de las EPS con las IPS | Afecta la independencia de instituciones como Medicina Legal al arrastrarlas al debate político |
Conclusión: la ley es clara, la verdad sigue pendiente
Medicina Legal no ocultó nada. Siguió la ley, y esa ley fue avalada por un juez. El gobierno lo sabe, lo sabía desde el 14 de abril. Sin embargo, Petro eligió llevar el asunto a la esfera pública de una manera que generó la percepción de una conspiración institucional. Eso tiene un costo: erosiona la confianza ciudadana en organismos que deben percibirse como independientes.
Kevin Acosta merece justicia. Su familia, una respuesta. Colombia, una reforma real al acceso de medicamentos para pacientes con enfermedades de alto costo. Pero el camino hacia esa justicia pasa por la Fiscalía, la Procuraduría y los jueces, no por alocuciones presidenciales que señalan entidades que solo están cumpliendo su función.
La necropsia existe. Las autoridades competentes la tienen. Lo que falta no es el papel: es la voluntad política de asumir responsabilidades en lugar de repartir culpas.
