Política Colombia · Gabinete De la Espriella

Sale Rodrigo Lara del Ministerio del Interior: el error del presupuesto fue la gota que rebosó la copa

Duró 75 días. El presidente Abelardo de la Espriella destituyó a Rodrigo Lara del Ministerio del Interior el 21 de octubre de 2026, dos días después de que el presupuesto de $634,9 billones para 2027 se aprobara en el Congreso con un vicio de trámite que obligó al gobierno a adoptarlo por decreto. Lo reemplaza el exprocurador Alejandro Ordóñez. Y Lara ya tiene el siguiente paso en mente: la Alcaldía de Bogotá.

Redacción Altavoz360 · Política · Octubre 2026

Quién es Rodrigo Lara y por qué entró al gabinete

Rodrigo Lara Restrepo no llegó al Ministerio del Interior como un nombre cualquiera. Es hijo de Rodrigo Lara Bonilla, el ministro de Justicia que en 1984 fue asesinado por orden del cartel de Medellín después de señalar públicamente a Pablo Escobar como narcotraficante ante el Congreso. Ese apellido carga con una historia que en Colombia nadie olvida.

Ex senador de la República, Lara había apoyado la candidatura de Abelardo de la Espriella desde el inicio de la campaña. Eso, más su manejo de alianzas en el Congreso, lo hacía un candidato lógico para una cartera cuyo trabajo central es precisamente eso: construir mayorías legislativas para el gobierno. El problema, como quedó claro en 75 días, es que las mayorías no le alcanzaron cuando más las necesitaba.

Antes de asumir el ministerio, Lara ya había anunciado su intención de competir por la Alcaldía de Bogotá en las elecciones de 2027 como candidato independiente, con recolección de firmas. La pregunta que queda en el aire es si su salida del gobierno lo fortalece o lo debilita para esa carrera.

Cómo se llegó hasta aquí: la cronología de 75 días

El error que nadie quiere asumir: qué pasó exactamente

La noche del 19 al 20 de octubre fue agitada en el Congreso. Después de horas de tensión por el retiro liberal, el presupuesto se aprobó de madrugada. Lara salió a declarar que era una victoria del gobierno. El problema llegó pocas horas después, cuando se revisó el texto aprobado.

Un error procedimental en las plenarias de Senado y Cámara hizo que el texto votado no coincidiera con la versión que debía haberse aprobado. Más de diez modificaciones introducidas durante el debate quedaron por fuera. En términos prácticos: el Congreso creyó que aprobaba una cosa y el acta decía otra.

Desde Hacienda, a cargo de Miguel Gómez Martínez, no hubo pronunciamiento público sobre quién tuvo la responsabilidad técnica. El vicepresidente del Senado, Alejandro Ocampo, pidió la renuncia de Gómez. Pero el ministro de Hacienda no se movió. Quien se fue fue Lara. En política, la responsabilidad no siempre recae sobre quien cometió el error, sino sobre quien pierde más terreno después de él.

Qué significa que el presupuesto se apruebe por decreto

La palabra «decreto» suena a medida de fuerza. En este caso no lo es: es un mecanismo constitucional previsto exactamente para situaciones como esta. El artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto establece que, si el Congreso no concluye el trámite de la ley de presupuesto dentro de los plazos establecidos —ya sea por un vicio de procedimiento o por cualquier razón que impida su aprobación regular—, el gobierno puede adoptar el presupuesto por decreto.

El vicepresidente José Manuel Restrepo fue claro al anunciar la medida: el decreto no inventa un presupuesto nuevo. Toma como base el proyecto presentado por el gobierno y las modificaciones que el Congreso aprobó en el primer debate de las comisiones económicas. Lo que se pierde son los cambios introducidos en las plenarias que quedaron mal registrados por el vicio de trámite.

Lo que sí implica este mecanismo es una señal política: el gobierno lleva al Congreso un proyecto de ley que define cómo se gasta todo el dinero del Estado durante un año, y el Legislativo no pudo aprobarlo en debida forma. Eso genera incertidumbre sobre la solidez de las mayorías del gobierno en el Congreso y sobre la coordinación entre los ministerios que lideran ese trámite.

Qué es el presupuesto general de la nación y por qué importa tanto

El Presupuesto General de la Nación (PGN) es la ley que define cuánto dinero puede gastar el Estado colombiano en un año, en qué lo gasta y de dónde sale ese dinero. Es, en términos simples, el plan financiero anual del país. Sin esa ley aprobada —o sin el decreto que la reemplaza cuando el Congreso falla— el Estado no puede pagar salarios de maestros, médicos y policías, no puede girar transferencias a los departamentos y municipios, y no puede financiar los programas sociales ni pagar la deuda pública.

El PGN 2027, aprobado por decreto en $634,9 billones, es el más alto de la historia del país. Para dar una idea de magnitud: el presupuesto de 2026 fue de aproximadamente $546,9 billones. El salto de un año a otro es de unos $88 billones adicionales.

En qué se va a gastar: la distribución por sectores

De dónde sale la plata: cómo se financia el presupuesto

Un presupuesto de $634,9 billones no sale de un solo bolsillo. El Estado colombiano lo financia con tres fuentes principales: los impuestos que recaudan la DIAN y los entes territoriales, la deuda pública —interna y externa— y los ingresos de empresas del Estado como Ecopetrol.

El componente de deuda es el que más preocupa a los analistas. Según datos de Portafolio, Colombia requiere para 2027 aproximadamente $150,9 billones en Títulos de Tesorería (TES) en el mercado interno y otros $87,7 billones en crédito externo. En total, más de $238 billones en deuda nueva para sostener el gasto. Eso representa una carga financiera que el gobierno debe administrar en un entorno de tasas de interés altas.

Qué viene para Rodrigo Lara: la Alcaldía de Bogotá en el horizonte

Salir del gabinete no es necesariamente el fin de una carrera política. Para Lara, su paso por el Ministerio del Interior duró poco pero dejó huella: su manejo de la crisis liberal la noche del 19 de octubre, cuando convenció a 20 de los 28 congresistas de regresar a votar, fue reconocido incluso por sus críticos como una gestión hábil.

Antes de ser nombrado ministro, Lara ya había anunciado públicamente su intención de lanzarse a la Alcaldía de Bogotá para las elecciones de 2027 como candidato independiente, con recolección de firmas. Ahora, libre del cargo de ministro, retoma ese camino. La pregunta es si su paso por el gobierno —con los tropiezos incluidos— lo posiciona mejor o peor ante un electorado bogotano que valora la independencia y desconfía del estableci­miento político.