Los decretos laborales de De la Espriella ya están cambiando las reglas del trabajo en Colombia: jornada de 42 horas, nocturno desde las 7 p.m. y trabajo por horas. Y en RTVC, 1.051 contratos revisados, franjas cerradas y 20 Emisoras de Paz silenciadas. Quiénes ganan y quiénes pierden.

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Las dos decisiones laborales de De la Espriella que más afectan a los colombianos: los decretos de horas y el desmantelamiento de RTVC

En sus primeros quince días de gobierno, Abelardo de la Espriella tomó decisiones laborales de alto impacto que afectan a dos grupos muy distintos de colombianos: los millones de trabajadores del sector privado que verán cambiar las reglas del juego con la reforma a la contratación por horas, y los periodistas, técnicos y contratistas del Sistema de Medios Públicos que enfrentan el fin de su fuente de trabajo. Este artículo explica ambos frentes, sus implicaciones y quiénes son los más golpeados.

PARTE 1 — La reforma laboral: horas, jornada y trabajo por horas

El punto de partida: lo que ya cambió antes de que De la Espriella llegara

Para entender los decretos del nuevo gobierno hay que entender primero el punto de partida. Durante el gobierno Petro, el Congreso aprobó y el presidente sancionó la Ley 2466 de 2025, conocida como la Reforma Laboral. Esa ley ya trajo cambios importantes al panorama laboral colombiano que entraron en vigor antes del cambio de gobierno:

La propuesta de De la Espriella: el trabajo por horas y la cotización proporcional

Sobre ese marco heredado de la Ley 2466, el nuevo gobierno anunció su propia agenda laboral. La medida más importante y más discutida es la reglamentación del trabajo y la cotización por horas. «La buena noticia es que solamente es hacer unos nuevos decretos. Con unos nuevos decretos en Colombia, a partir del 7 de agosto, se va a poder cotizar por hora en contratos especiales», afirmó el equipo jurídico de empalme.

El gobierno entrante tiene sobre la mesa el regreso del debate del trabajo por horas en Colombia. Su equipo de empalme estudia un paquete de decretos orientados a reglamentar la cotización proporcional a la seguridad social para personas que laboran por días o en jornadas parciales, una medida planteada como una vía de formalización que, en paralelo, revive las alertas ante una posible precarización de empleos estables y de tiempo completo.

La iniciativa busca que las empresas vinculen personal únicamente por el tiempo específico que se requiera, permitiendo que el vínculo laboral se ajuste al tiempo trabajado y que los aportes al sistema de salud y pensión correspondan a la actividad realizada. La medida buscaría formalizar trabajos que actualmente se desarrollan de manera informal: empleadas domésticas que trabajan ciertos días, vendedores por horas, técnicos que prestan servicios esporádicos.

Quiénes ganan y quiénes pierden con la reforma laboral

El impacto económico: cuánto le cuesta a las empresas y qué puede pasar con el empleo

El cambio más costoso para las empresas no viene de los decretos del nuevo gobierno sino de lo que ya estaba consagrado en la Ley 2466: la ampliación del horario nocturno de las 9 p.m. a las 7 p.m. es el que mayor impacto económico tiene en el corto plazo.

El riesgo más señalado por los gremios empresariales es que el aumento de costos laborales lleve a dos decisiones que en definitiva no favorecen a los trabajadores: la primera es la reducción de personal, especialmente en los sectores que más usan horarios nocturnos y dominicales. La segunda es la evasión: empresas que simplemente dejan de reportar las horas reales trabajadas o que convierten contratos laborales en contratos de prestación de servicios para evadir los recargos.

Los decretos del terremoto: protección laboral en emergencia

Uno de los aspectos laborales menos conocidos de la respuesta al terremoto del 10 de agosto fue precisamente un decreto laboral. El Gobierno habilitó un mecanismo temporal que permitirá cubrir parte de los salarios y algunos aportes a salud y pensiones con el fin de aliviar la carga de los empleadores afectados. Se expidieron decretos que contemplan la opción de, con recursos de emergencia, subsidiar temporalmente los costos de nómina de las empresas en las zonas de desastre para evitar despidos masivos.

También se plantean opciones para trabajadores independientes o por cuenta propia, estableciendo la entrega de una transferencia económica extraordinaria. Esta medida es coyuntural y está atada al estado de emergencia declarado, no es una política laboral permanente. Pero revela un enfoque de emergencia que usa el aparato del Estado para proteger el empleo formal en las zonas afectadas.

PARTE 2 — El desmantelamiento de RTVC (ahora Inravisión): qué pasó, qué viene y quiénes quedan sin trabajo

Qué era RTVC y qué decidió el nuevo gobierno

El Sistema de Medios Públicos, conocido hasta 2026 como RTVC y ahora rebautizado por el nuevo gobierno como Inravisión, es la entidad estatal que opera la Radio Nacional, Señal Colombia TV, las Emisoras de Paz y otras plataformas de comunicación pública. Es la única fuente de información para miles de colombianos en zonas alejadas que no tienen acceso a medios privados.

En una reunión extraordinaria realizada el sábado 15 de agosto, la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla, y la directora de Inravisión, Ángela Mora, definieron un plan de acción inmediato para transformar la programación, revisar la contratación y fortalecer la gestión del Sistema de Medios Públicos. Entre las decisiones tomadas se encontró la finalización de la franja noticiosa y de opinión en radio y televisión que hasta el 6 de agosto pasado ocupaba una parte significativa de los recursos humanos y técnicos de Inravisión.

De acuerdo con la administración, hasta esa fecha el Sistema mantenía una operación informativa de 6:00 a.m. a 10:00 p.m., lo que representaba aproximadamente el 90% de los recursos y del personal disponible destinados a actividades periodísticas. En otras palabras: el nuevo gobierno tomó la decisión de eliminar la franja informativa que absorbía el grueso del presupuesto y del personal de los medios públicos.

Por qué el gobierno lo llama «propaganda» y por qué sus críticos lo ven diferente

El argumento del gobierno De la Espriella es contundente: «Se acaba el aparato de propaganda y comienza una nueva etapa para el Sistema de Medios Públicos de Colombia: plural, independiente y al servicio de la gente», afirmó el Ministerio TIC el 18 de agosto de 2026. El gobierno señala que bajo el mandato de Hollman Morris como gerente (nombrado por Petro en 2024), RTVC se convirtió en una plataforma de comunicación al servicio del gobierno saliente.

El anuncio también incluyó un fuerte componente de auditoría frente al manejo de los recursos públicos durante el último año. La nueva dirección encontró que en lo corrido de 2026 se suscribieron más de 1.051 contratos por un valor que supera los $100.000 millones. El dato que más encendió las alarmas fue la firma de 87 contratos por aproximadamente $4.000 millones celebrados exclusivamente entre el 6 y el 7 de agosto, justo en el cierre del gobierno anterior.

Pero hay una contra-lectura. Coordinadores de contenido y periodistas regionales advierten que la suspensión de las transmisiones territoriales contraviene un compromiso constitucional que trasciende a los distintos periodos de gobierno. Y hay un punto que el gobierno de De la Espriella no ha respondido con claridad: Inravisión es la única fuente de información para miles de colombianos en las regiones más apartadas. Lo que está haciendo el gobierno De la Espriella con esta decisión es llevarlos a que se informen con sus medios corporativos aliados en lugar de construir una plataforma plural.

Las Emisoras de Paz: 20 voces regionales que se silenciaron

De la Espriella también suspendió las 20 Emisoras de Paz, que operaban en zonas históricamente golpeadas por el conflicto armado como el Putumayo, el Catatumbo, el sur de Córdoba y el Pacífico nariñense. Estas emisoras fueron creadas como parte de los acuerdos de paz y tenían una función que trasciende lo informativo: eran espacios de memoria, de reconciliación y de comunicación comunitaria en territorios donde la presencia del Estado es débil y donde los medios privados no llegan porque no son rentables.

Para las personas en esos territorios, el cierre de estas emisoras no es un debate sobre medios públicos y propaganda: es quedarse sin información sobre rutas de evacuación, sin noticias locales, sin voz propia. El argumento del gobierno es que esas emisoras también se usaron políticamente. El debate es si la respuesta adecuada es cerrarlas o reformarlas.

Los trabajadores que quedan en el limbo

La decisión tiene un impacto humano concreto que va más allá del debate político sobre propaganda vs. libertad de prensa. RTVC empleaba directamente a periodistas, presentadores, productores, técnicos de sonido e imagen, editores, community managers y personal administrativo. La mayoría de ellos tenía contratos de prestación de servicios (no vinculación de planta), lo que significa que la terminación o no renovación de esos contratos es jurídicamente posible sin mayor formalidad.

A la situación ya difícil de los contratistas, se suma el contexto que El Colombiano reveló semanas antes del cambio de gobierno: al interior del sistema de medios públicos, en especial en la radio, avanzó un proceso de conformación de una nueva organización sindical. La iniciativa, acompañada de presiones sobre contratistas y eventuales nombramientos de planta antes del relevo administrativo, buscaba dejar «atornillados» a contratistas. El nuevo gobierno encontró esa situación al llegar y la usa como argumento adicional para justificar la revisión total de la planta de personal.

Las reacciones y lo que viene

Conclusión: dos frentes laborales con una misma lógica de gobierno

Los decretos laborales y el desmantelamiento de RTVC son dos expresiones de la misma visión de gobierno: reducir el peso del Estado en la economía y en los medios, flexibilizar el mercado laboral y dejar que el sector privado llene los espacios que el Estado abandona. Esa es una posición política legítima con argumentos reales de eficiencia y con riesgos reales de precarización y de inequidad.

Los trabajadores más afectados en el corto plazo son los contratistas de RTVC que pierden su fuente de ingresos y los empleados de sectores con altos turnos nocturnos y dominicales que verán cómo sus empresas buscan formas de ajustarse a unos costos laborales más altos. Y en el largo plazo, el riesgo más silencioso es el de las comunidades rurales que quedan sin medios de comunicación propios, en territorios donde la falta de información pública es en sí misma una vulnerabilidad.

Colombia tiene quince días de nuevo gobierno. Las decisiones laborales ya tomadas afectan a millones de personas. Y el debate sobre si esas decisiones son la dirección correcta apenas está comenzando.

Fuentes: Infobae Colombia, Semana, El Colombiano, La Silla Vacía, Valora Analitik, Pulzo, Actualícese, Gerencie.com, Minuto30, Radio Seaflower, teleSUR, El Expediente, Publimetro, El Tiempo, RCN Radio. Normas citadas: Ley 2101 de 2021, Ley 2466 de 2025, Decreto 1072 de 2015, CST. Publicado el 21 de agosto de 2026.

Redacción Altavoz360 · Colombia · Economía & Trabajo · Agosto 2026