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El acuerdo que Colombia firmó con EE. UU. sobre sus minerales: qué dice realmente el documento, qué compromisos adquirió el país y qué hay de cierto en que «entregó su soberanía»

El 8 de septiembre de 2026, Colombia y Estados Unidos firmaron dos memorandos en Barranquilla. Durante más de un mes, el gobierno los mantuvo en reserva. Una tutela ordenó publicarlos, un senador los filtró en X y la polémica explotó. Aquí está todo lo que se sabe, lo que el texto dice, lo que no dice y por qué la discusión sobre soberanía tiene razones válidas en ambos lados.

Redacción Altavoz360 · Política · Octubre 2026

Qué pasó y en qué orden

Qué dice el acuerdo y qué no dice

El memorando de minerales críticos tiene dos características que conviven de forma tensa: su encabezado dice que no crea obligaciones internacionales vinculantes para ninguna de las partes. Pero su contenido incluye compromisos concretos que, si se convierten en decretos o resoluciones internas, pueden tener efectos reales sobre cómo Colombia maneja sus recursos.

Los cuatro ejes centrales del acuerdo, según el resumen del Departamento de Estado de EE. UU. y el texto publicado por el senador Gómez, son: fortalecer cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras; identificar y cofinanciar proyectos de extracción y procesamiento en un plazo de seis meses; simplificar permisos y procedimientos para los proyectos que entren en el marco del acuerdo; y establecer herramientas de revisión de seguridad nacional para la venta de activos mineros estratégicos.

Ese cuarto punto es el más discutido. Los críticos lo interpretan como un mecanismo por el cual Colombia debe notificar a EE. UU. —y esperar su revisión— antes de vender o licitar activos de minerales críticos a terceros. En la práctica, dicen, sería un filtro que impediría venderle esos activos a China o a cualquier comprador que Washington considere un riesgo de seguridad. El gobierno colombiano no ha explicado públicamente cómo funcionaría esa revisión ni quién la autorizaría.

Los argumentos de quienes dicen que viola la soberanía

Jennifer Pedraza construyó el argumento constitucional más estructurado hasta ahora. Según la senadora, el memorando requeriría que Colombia notifique a EE. UU. antes de cualquier operación sobre minerales estratégicos, lo que supone una autoridad extranjera sobre decisiones económicas internas. Además, obligaría a reportar a inversores y compradores de minerales, lo que podría restringir el comercio con China incluso cuando ese comercio beneficia a Colombia.

Pedraza señala que un compromiso de ese alcance debería haber pasado por el Congreso —artículo 150, numeral 16 de la Constitución— y por revisión de la Corte Constitucional —artículo 241, numeral 10—. Sin ese proceso, argumenta, el acuerdo no puede convertirse en norma interna. Citó también el artículo 9 (soberanía), el 333 (libertad económica), el 334 (regulación de recursos del subsuelo) y el 189.2 (facultades del ejecutivo en materia internacional).

Aída Avella, también del Pacto Histórico, acusó a De la Espriella de entregar parte de la riqueza nacional a EE. UU. y cuestionó la influencia estadounidense sobre las decisiones sobre tierras raras. El expresidente Petro reaccionó con preguntas sobre los incendios forestales en el Tolima —zona con potencial minero estratégico— al preguntarse si tenían origen humano y si había relación con los intereses por los recursos de la región.

Los argumentos de quienes defienden el acuerdo

El abogado minero Milton Montoya, de Holland & Knight, es uno de los expertos que pone freno a las interpretaciones más alarmistas. Dice que el documento no entrega áreas mineras, no adjudica contratos ni compromete recursos específicos. Es, en sus palabras, una declaración de intención con foco en la exploración. Cualquier proyecto concreto seguiría requiriendo todas las aprobaciones nacionales: licencias, consulta previa, normativa ambiental.

El gobierno colombiano, por su parte, presentó el acuerdo como parte de una estrategia para posicionar al país como socio confiable en la cadena de tecnología limpia: baterías, infraestructura eléctrica, industrias avanzadas. La ministra de Minas, María Nohemí Arboleda, dijo que «Colombia no puede limitarse a exportar materias primas». El acuerdo, en esa lectura, sería el primer paso para subir en la cadena de valor.

El contexto geopolítico también explica la urgencia estadounidense. China controla el 60% de la minería global de tierras raras y el 90% de su refinamiento y separación, según datos de la Agencia Internacional de Energía citados por Bloomberg Línea. Para Washington, depender de China para esos minerales —esenciales en chips, motores eléctricos, equipos militares y paneles solares— es un riesgo de seguridad nacional. Colombia, con sus reservas sin explotar, entra en esa ecuación como una pieza relevante.

Qué hay de cierto en que Colombia «entregó su soberanía»

Esta es la pregunta que más circula en redes y la que más requiere matiz. La respuesta corta: Colombia no firmó ninguna cesión formal de soberanía. No entregó títulos mineros, no transfirió propiedad del subsuelo ni autorizó operaciones militares extranjeras sobre su territorio. Eso no está en el documento.

Pero la respuesta larga es más incómoda. El acuerdo incluye compromisos que, dependiendo de cómo se implementen, podrían restringir la capacidad de Colombia para decidir a quién vende sus minerales estratégicos. Si la «revisión de seguridad nacional» se convierte en una especie de derecho preferente de EE. UU. sobre esas operaciones, el país habrá cedido capacidad de decisión sin haberlo cedido en papel. Esa diferencia —entre soberanía formal y soberanía real— es exactamente lo que está en debate.

Lo que sí es claro es que el gobierno firmó algo en secreto, lo mantuvo así 46 días, solo lo publicó por orden judicial, y aún no ha explicado con detalle qué implica cada cláusula. Eso, independientemente del contenido real del acuerdo, es un problema de transparencia que la democracia colombiana no debería aceptar sin preguntas.

Pros y contras del acuerdo para Colombia

Colombia tiene minerales estratégicos, pero no sabe cuántos ni dónde

Uno de los datos que menos se menciona en la discusión política es este: según la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), Colombia no produce tierras raras a escala comercial. No hay cifras de producción, demanda ni importaciones del sector. Lo que existe son indicios geológicos que no han sido confirmados como reservas comerciales.

El acuerdo incluye cooperación en cartografía geológica, precisamente para mejorar ese conocimiento. En teoría, eso beneficia a Colombia: saber qué tiene y dónde. En la práctica, quienes investigan —con recursos y metodología de EE. UU.— también tendrán acceso a esa información antes que el propio Estado colombiano la tenga sistematizada. La pregunta de quién controla el conocimiento sobre los recursos es, en minerales estratégicos, casi tan importante como la pregunta de quién controla los recursos mismos.

Marcela Anzola, de Razón Pública, advirtió que algunos depósitos potenciales de tierras raras contienen monacita, un mineral que puede llevar asociados torio y uranio —materiales radioactivos. Parte de esos yacimientos se ubican en territorios indígenas y ecosistemas amazónicos donde ya opera la minería ilegal. El acuerdo no menciona esos riesgos ni los mecanismos de consulta previa para las comunidades que viven sobre esos recursos.

Lo que dice el sector experto

Por qué EE. UU. necesita esto más que Colombia

Marco Rubio no viajó a Barranquilla por cortesía diplomática. China produce el 80% del tungsteno mundial y refina el 90% de las tierras raras globales. Para la industria de defensa, los chips de semiconductores, los motores eléctricos y los paneles solares de EE. UU., eso es una dependencia estratégica inaceptable. Washington lleva años buscando alternativas y América Latina —con Colombia incluida— es parte de esa solución.

Eso le da a Colombia una posición negociadora que el gobierno De la Espriella no ha explotado en público. Si EE. UU. necesita los minerales colombianos para reducir su dependencia de China, Colombia tiene más poder del que refleja un memorando firmado en 46 días de secreto. La pregunta no es si Colombia debe cooperar con EE. UU. en minerales. La pregunta es si negoció bien las condiciones de esa cooperación.

Esa es la discusión que el país merece tener —con los documentos sobre la mesa, con el Congreso en el debate y con las comunidades informadas— y que el gobierno intentó evitar durante casi siete semanas.

Redacción Altavoz360 · Política · Octubre 2026