Cepeda presentó documentos en el Senado vinculando al presidente De la Espriella con capitales narcoparamilitares. Anuncia denuncias en Colombia y en EE. UU.
Escándalo en el Congreso · Paramilitarismo y narcotráfico · Colombia 2026
Cepeda acusó a De la Espriella de nexos con narcoparamilitares en pleno Senado y anuncia denuncias penales en Colombia y en Estados Unidos
El senador Iván Cepeda presentó en el Congreso documentos, escrituras y estados financieros que, según él, demuestran que el presidente Abelardo de la Espriella tuvo vínculos con capitales del narcotráfico y del paramilitarismo a través de su empresa y de predios rurales. Anunció denuncias ante la Comisión de Acusación de la Cámara, la Fiscalía, la Procuraduría y autoridades de Estados Unidos. De la Espriella respondió que todo está precluido, llamó a Cepeda «bandido» y dijo que las acusaciones son una retaliación. El ministro de Justicia pidió pruebas. Lo que pasó el 28 de octubre de 2026 en el Senado tiene implicaciones que van mucho más allá de un debate parlamentario.
Redacción Altavoz360 · Política · Octubre 2026
En resumen
- Cepeda presentó en el Senado documentos que según él vinculan a la firma De La Espriella Lawyers y a su empresa Dominio con capitales de alias «Barbie», condenado por narcotráfico y paramilitarismo.
- También acusó al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, de frenar la reforma agraria y tener conflictos de interés en predios reclamados por comunidades.
- Anunció denuncias ante cuatro instancias: Comisión de Acusación, Fiscalía, Procuraduría y autoridades de Estados Unidos, porque De la Espriella tiene ciudadanía estadounidense desde 2023.
- De la Espriella respondió que los casos ya fueron investigados y archivados, y llamó a Cepeda «bandido» en redes sociales.
- El ministro de Justicia, Iván Cancino, pidió que las denuncias vengan acompañadas de pruebas sólidas y no de organigramas e interpretaciones.
- El debate ocurre en medio de una disputa de fondo entre el petrismo y el gobierno De la Espriella por el control del relato sobre narcopolítica, tierras y la relación de Colombia con Estados Unidos.
El escenario: un debate que empezó por tierras y terminó en narcoparamilitarismo
El martes 28 de octubre el Senado citó a debate de control político al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond. El tema formal era la política de tierras del gobierno De la Espriella en sus primeros meses. Pero Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico y uno de los políticos colombianos con mayor trayectoria en investigaciones sobre paramilitarismo, convirtió la sesión en algo distinto.
Cepeda llegó al debate con carpetas. Presentó folios de matrícula inmobiliaria, escrituras públicas, estados financieros, decisiones judiciales y audios divulgados por la Revista RAYA, además de registros de Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral. Con ese material, lanzó dos bloques de acusaciones: uno contra De la Espriella directamente, y otro contra Dangond por su gestión al frente del Ministerio de Agricultura.
Lo que dijo en esa sesión no fue un ataque político de pasillo. Fue un pliego de cargos documentado, con nombres propios, números de predios, porcentajes de capitalización y referencias a procesos judiciales en Estados Unidos. Y con una conclusión: anunció que va a denunciar penalmente a De la Espriella y a Dangond ante varias instancias, incluyendo autoridades norteamericanas.
De qué acusa Cepeda a De la Espriella: los cargos uno a uno
La acusación central es que el presidente Abelardo de la Espriella habría tenido vínculos que van más allá de la relación abogado-cliente con personas condenadas por narcotráfico y paramilitarismo. Cepeda usa el término «narcorrentismo» para describir lo que según él es una red en la que capitales ilícitos entraron al mundo empresarial y político colombiano.
El caso «Barbie» y Dominio De la Espriella
El primer eje de la acusación gira alrededor de Hugues Rodríguez Fuentes, alias «Barbie», condenado por narcotráfico y por promover grupos paramilitares. Según Cepeda, la familia de Rodríguez Fuentes y su empresa Monte Horeb Group aportaron el 40,8 % de los depósitos de capitalización de la empresa Dominio De la Espriella en 2022, y el 38,1 % en 2023. Si esas cifras son correctas, significaría que casi cuatro de cada diez pesos que entraron como capital a esa empresa en esos dos años provenían de una familia ligada a un narcoparamilitar condenado.
Además, Cepeda presentó documentos que indicarían que la finca Nueva Jerusalén, en el departamento del Cesar, fue comprada en 2013 por debajo de su valor comercial a una hermana de Rodríguez Fuentes. La adquisición de tierras a precios subvalorados a familiares de personas vinculadas con el conflicto armado es una de las figuras que han definido el despojo en el campo colombiano.
El socio de Tampa: lavado de activos en Estados Unidos
El segundo eje es de mayor peso jurídico internacional. Daniel Peñarredonda, quien fue socio de De La Espriella Lawyers hasta julio de 2025, aparece identificado como «Coconspirador 1» en un proceso federal en Tampa, Florida, por lavado de activos. Ese proceso corre ante la justicia de Estados Unidos, no ante la colombiana.
Esta conexión es la que le da sentido al anuncio de Cepeda de enviar el expediente a autoridades norteamericanas. Si un exsocio de la firma del presidente de Colombia está mencionado en un proceso federal por lavado en Estados Unidos, las implicaciones trascienden el control político parlamentario.
El predio Polonia, el caso de la mina Walter y el desplazamiento afrocolombiano
Cepeda también mencionó conflictos de interés en el predio Polonia y en el caso de la mina Walter, en Bolívar, donde según él comunidades afrodescendientes fueron desplazadas en 2004 en medio de acciones atribuidas al Bloque Central Bolívar de las AUC. La conexión que traza es que la firma De La Espriella habría actuado en ese contexto en defensa de intereses que se beneficiaron de ese desplazamiento.
El nombramiento de exintegrantes de la firma en entidades del Estado
El cuarto punto de la acusación es sobre conflictos de interés en la administración actual. Según Cepeda, exintegrantes de De La Espriella Lawyers ocupan hoy cargos en entidades estatales relacionadas con la recuperación de bienes ilícitos y la restitución de tierras. Si eso es cierto, implicaría que personas que asesoraron legalmente a empresas o individuos investigados estarían ahora del lado del Estado en procesos que involucran esos mismos intereses.
De qué acusa Cepeda al ministro Dangond
El segundo bloque del debate apuntó a Indalecio Dangond, ministro de Agricultura. Cepeda lo acusa de lo que llama una «contrarreforma agraria»: la congelación de 1,4 billones de pesos destinados a compra de tierras para campesinos, y la reducción a la mitad del presupuesto de la Agencia Nacional de Tierras respecto al gobierno anterior.
También presentó el caso de la hacienda Simba, en Sucre, donde según Cepeda, Dangond actuó como apoderado de una empresa que se opone a entregarle el predio a familias de la comunidad zenú que lo reclaman. Y mencionó a Palmas Oleaginosas de Casacará, una empresa de la familia Dangond, como parte del patrón de conflicto de interés que denuncia.
Un dato adicional que Cepeda usó en el debate: un juzgado ya había ordenado a Dangond retractarse de afirmaciones que hizo sobre las Zonas de Reserva Campesina. Eso no es una acusación de Cepeda, es una decisión judicial preexistente.
Ante quién va a denunciar y por qué delitos
Instancias ante las que Cepeda anunció denuncias
Contra De la Espriella. Es la instancia constitucional que investiga al presidente de la República. Los delitos que Cepeda anuncia: concierto para delinquir, interés indebido en contratos, tráfico de influencias, prevaricato por omisión y falsedad ideológica en documento público. Esta Comisión es la única que puede investigar al jefe de Estado en Colombia mientras ejerce el cargo.
Contra Dangond y varias personas y empresas relacionadas con el caso de la mina Walter. Los delitos anunciados: fraude a resolución judicial, interés indebido en contratos, prevaricato por omisión, falsedad ideológica, discriminación y hostigamiento contra el campesinado, lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito de particulares.
Quejas disciplinarias contra 14 funcionarios del sector agrario y de entidades de activos y tierras, entre ellos Diana Patricia Bravo (SAE), Jensy Osorio (Unidad para las Víctimas), Yoly Illidge (Superintendencia de Notariado y Registro), Manuel Pretelt (Ministerio de Agricultura) y Lina María Garrido (ANT). La teoría es que estas personas actuaron o dejaron de actuar en beneficio de intereses privados.
Cepeda anunció que enviará el expediente completo a instancias judiciales y legislativas de Estados Unidos. El argumento: De la Espriella adquirió la ciudadanía estadounidense en febrero de 2023, y un exsocio de su firma aparece como «Coconspirador 1» en un caso federal de lavado de activos en Tampa, Florida. Eso abre, según Cepeda, una vía para que autoridades norteamericanas investiguen lo que les corresponda.
Qué respondió De la Espriella
La respuesta del presidente fue rápida y en tono agresivo. En un video publicado en X, De la Espriella dijo tres cosas: que los casos mencionados por Cepeda ya fueron investigados por la justicia colombiana y archivados («eso está precluido»), que la Corte Penal Internacional no tiene competencia en estos asuntos, y que las acusaciones llegaron exactamente una semana después de que él presentara una denuncia ante el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre presunta narcopolítica del gobierno anterior.
En redes sociales llamó a Cepeda «bandido» y dijo que el senador depende de «montajes judiciales» para hacer política. Afirmó también que Cepeda obtuvo el 100 % de los votos en zonas donde, según él, «los narcoterroristas mandan a sus amigos». Es una acusación grave sin sustento presentado públicamente.
La palabra «precluido» es jurídicamente relevante. Significa que un proceso fue cerrado sin condena. Pero precluir un proceso no equivale necesariamente a que los hechos no ocurrieron: puede significar que no había pruebas suficientes en ese momento, que el delito prescribió, o que quien investigó decidió no continuar. Cepeda, que conoce ese argumento, presentó documentos que según él son nuevos o que la justicia no habría analizado antes.
Qué dijo el ministro de Justicia
Iván Cancino, ministro de Justicia e Interior encargado, respondió en video. Su posición fue clara: las acusaciones de Cepeda no tienen, hasta ahora, pruebas suficientes para sostener una responsabilidad penal, disciplinaria o fiscal. Dijo que organigramas, escrituras antiguas y operaciones empresariales no bastan por sí solos para condenar a nadie, y que la presunción de inocencia del presidente debe respetarse.
Cancino no respondió punto por punto los casos específicos que presentó Cepeda. En cambio, hizo una defensa del control político como herramienta válida, pero con condición: que venga con respaldo probatorio. «No vamos a quedarnos en insinuaciones», dijo.
También hizo un contraataque político: cuestionó que sectores que hoy piden explicaciones al gobierno De la Espriella no hayan exigido lo mismo frente a escándalos de corrupción, narcotráfico y presuntos vínculos criminales del gobierno anterior. No dio nombres ni casos concretos en lo que se conoció de sus declaraciones.
Por qué la ciudadanía estadounidense de De la Espriella complica todo
Este es el ángulo que le da dimensión internacional al debate. Abelardo de la Espriella adquirió la ciudadanía de Estados Unidos en febrero de 2023. Eso significa que es un ciudadano americano ejerciendo la presidencia de Colombia. Y eso tiene implicaciones prácticas.
La justicia de Estados Unidos tiene jurisdicción sobre sus ciudadanos en ciertos casos, incluyendo delitos de lavado de activos y conspiración relacionados con narcotráfico, incluso cuando esos delitos ocurren fuera del territorio norteamericano. Si alguien presenta ante un fiscal federal estadounidense documentos que vinculan a un ciudadano americano con esas actividades, la justicia de ese país puede abrir una investigación propia, independiente de lo que haga o deje de hacer Colombia.
El hecho de que Daniel Peñarredonda, exsocio de la firma de De la Espriella, aparezca como «Coconspirador 1» en un proceso federal en Tampa por lavado de activos, refuerza esa vía. Hay un hilo ya existente en la justicia norteamericana que toca a alguien de su círculo profesional cercano.
Contexto clave: qué es la lista OFAC y por qué importa
La OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos) puede sancionar a personas y empresas de cualquier país si determina que están vinculadas con narcotráfico, terrorismo o lavado de activos. Una sanción OFAC implica congelación de activos en jurisdicciones norteamericanas, prohibición de hacer negocios con ciudadanos o empresas de EE. UU., y revocación de visa. De la Espriella mismo ha usado esa herramienta: solicitó apoyo a EE. UU. para que presuntos compradores de votos fueran incluidos en esa lista, y celebró la revocación de visas de Martha Peralta y Euclides Torres, figuras del entorno del gobierno Petro. Que ahora su nombre esté en el centro de denuncias que llegarán a autoridades norteamericanas es, cuando menos, una ironía política.
Qué implica esto para Colombia
El debate del 28 de octubre no es un incidente aislado. Es el punto más alto de una confrontación que viene escalando desde que De la Espriella ganó la presidencia y el petrismo pasó a la oposición. El patrón es claro: el gobierno De la Espriella usa la relación con Washington, las visas y la OFAC como instrumento de presión sobre figuras del petrismo. El petrismo responde con acusaciones de paramilitarismo y narcotráfico que apuntan al propio De la Espriella.
Lo que hace distinto este episodio es la escala de los cargos y el nivel de detalle documental que Cepeda presentó. No fue una acusación verbal ni una declaración política general. Fue un debate con documentos específicos, nombres propios, porcentajes de capitalización y referencias a procesos judiciales en Estados Unidos.
Para Colombia, el escenario que se abre es el de un presidente sometido a una investigación formal en la Comisión de Acusación de la Cámara, que es la instancia constitucional para eso. Si esa Comisión decide avanzar, el proceso podría suspender temporalmente al presidente o derivar en un juicio político. No es un camino rápido ni automático, pero es el camino constitucional que Cepeda anunció tomar.
Posibles consecuencias con Estados Unidos
| Escenario | Qué podría ocurrir | Probabilidad actual |
|---|---|---|
| Investigación federal en EE. UU. | Si el expediente de Cepeda llega a un fiscal federal y encuentra méritos, podría abrirse una investigación sobre un ciudadano americano (De la Espriella) por posible conspiración en lavado de activos. No es lo mismo que una acusación formal. | Posible pero no automática. Depende de lo que los documentos demuestren y de la voluntad política de las autoridades federales. |
| Tensión diplomática | Si el gobierno norteamericano actúa sobre la base de estos documentos, la relación bilateral se complica en un momento en que De la Espriella ha presentado su gobierno como aliado de Washington en la lucha antidroga. | Alta si hay alguna acción formal de parte norteamericana. |
| Uso contra el petrismo | El gobierno De la Espriella puede aprovechar el debate para reforzar su narrativa de que las acusaciones son retaliación política del petrismo derrotado. Eso podría fortalecer su posición interna. | Alta. Ya es la narrativa que De la Espriella activó el mismo día. |
| Congresistas demócratas de EE. UU. | Cepeda anunció que enviará el expediente a congresistas demócratas en Washington. Si alguno de ellos lo retoma, puede generar audiencias o pedidos de informe al Departamento de Estado. | Depende de si hay interés político en Estados Unidos en el tema colombiano en este momento. |
| Proceso en la Comisión de Acusación | Si la denuncia avanza en la Cámara, el presidente podría quedar formalmente investigado por la única instancia que puede juzgarlo en Colombia. Eso genera incertidumbre institucional y política. | Media. La Comisión debe recibir la denuncia, evaluarla y decidir si hay méritos. Es un proceso largo. |
El contexto más amplio: una disputa que lleva meses
Este debate no surgió de la nada. Desde junio de 2026, Cepeda ya había presentado denuncias contra De la Espriella por vínculos paramilitares, que en ese momento el presidente respondió llamando «cortina de humo». En julio, Cepeda anunció que lo denunciaría ante la Corte Penal Internacional por tres delitos. En octubre, el debate del Senado es la versión más elaborada y documentada de esa ofensiva jurídica.
Del otro lado, De la Espriella ha impulsado la revocación de visas de figuras del petrismo ante Washington, ha mencionado posibles medidas de la OFAC contra personas de ese entorno, y ha celebrado cada acción norteamericana contra el gobierno anterior como una validación de su postura. Es una guerra de dos frentes: el jurídico colombiano y el diplomático con Estados Unidos.
El problema de fondo es que ninguno de los dos bandos tiene la credibilidad intacta. Las acusaciones de Cepeda son serias y documentadas, pero él es parte de la coalición derrotada en las elecciones y tiene un interés político evidente. De la Espriella ha respondido con insultos antes que con argumentos jurídicos específicos, lo que no ayuda a su caso aunque jurídicamente él tenga razón en que varios expedientes fueron archivados.
Lo que dicen las fuentes y lo que todavía falta por saber
Lo que no está confirmado todavía
- Los documentos presentados por Cepeda no han sido verificados de forma independiente ni por medios ni por autoridades judiciales. Son, por ahora, afirmaciones de un senador en un debate parlamentario.
- No se conoce la respuesta jurídica formal de De la Espriella ni de sus abogados más allá de las declaraciones en redes sociales.
- La Comisión de Acusación de la Cámara aún no se ha pronunciado sobre si acepta la denuncia.
- No hay confirmación de que las autoridades de Estados Unidos hayan recibido o tengan intención de recibir el expediente de Cepeda.
- Dangond no había respondido formalmente a los cargos en su contra en el momento de publicar este artículo.
Lo que sí es un hecho es que el debate ocurrió, que Cepeda presentó documentos con nombres y cifras específicas, y que el presidente De la Espriella respondió sin referirse a esos documentos punto por punto. La ausencia de una respuesta jurídica detallada del gobierno a los cargos concretos es, en sí misma, un dato político.
Redacción Altavoz360 · Política · Octubre 2026
