Por Valeria Ortega – Especialista en Cultura Digital y Fenómenos Virales
La consulta popular sobre la reforma laboral en Colombia fue hundida en una sesión caótica del Senado. ¿Qué pasó realmente y quién tiene la razón?
El resumen del caos: así se hundió la consulta popular
El 14 de mayo de 2025, el Senado colombiano hundió la consulta popular impulsada por el gobierno de Gustavo Petro para llevar 12 preguntas de reforma laboral a las urnas. El resultado: 49 votos en contra y 47 a favor, una votación cerrada, en medio de gritos, acusaciones, irregularidades y una sesión que terminó con más tensión que claridad.
Lo que debería haber sido una jornada democrática se convirtió en un campo de batalla institucional. El protagonista: Efraín Cepeda, presidente del Senado, señalado de truncar el proceso. Los antagonistas: María José Pizarro, Armando Benedetti y el propio presidente Petro, quienes gritaron fraude desde las bancadas del oficialismo.
La versión de Efraín Cepeda: “La democracia habló”
El presidente del Senado, Efraín Cepeda, miembro del Partido Conservador, defendió su actuación con una frase que lo resume todo:
“La democracia habló. Pido calma y respeto por la decisión del Senado.”
Según Cepeda, la sesión se cerró por falta de garantías y para proteger la institucionalidad. Frente a las acusaciones de parcialidad, se mantuvo en silencio, evitando el cuerpo a cuerpo político.
Para él, el proceso fue legítimo y cualquier inconformidad debía tramitarse por vías legales. Según su entorno, Cepeda buscó evitar un escenario aún más caótico, pero no ofreció explicaciones detalladas sobre el cierre abrupto ni sobre los votos manuales polémicos.
María José Pizarro: “Nos hicieron conejo”
La senadora del Pacto Histórico fue una de las voces más críticas tras el hundimiento. Denunció lo que calificó como una “jugadita antidemocrática”:
“Se le hizo conejo a los colombianos. Hubo trampas, leguleyadas y votos manuales repetidos.”
Pizarro aseguró que no se permitió el voto completo, que hubo filibusterismo para dilatar el debate y que el cierre abrupto de la sesión fue una maniobra calculada para evitar que ganara el “Sí”. Solicitó reabrir la votación e interpuso una apelación para anular el resultado.
Convocó a una movilización permanente y anunció acciones legales, insistiendo en que la ciudadanía debe pronunciarse, no un Congreso «asustado por la reforma laboral».
Armando Benedetti: del manotazo al video de la discordia
El ministro del Interior protagonizó el momento más explosivo de la jornada. Gritó “fraude” en plena sesión, manoteó al secretario del Senado y aseguró que se cambió un voto manual del “Sí” al “No”:
“Esto fue una trampa. Un fraude parlamentario. Vamos a denunciarlo ante Fiscalía, Procuraduría y Corte Suprema.”
Benedetti presentó como prueba un video del conteo de votos donde, según él, el secretario tachó un voto del “Sí” y lo sumó al “No”. También mostró un documento amarillo con los votos manuales, en el que denunció manipulación. Sin embargo, el senador señalado, Édgar Díaz, desmintió la acusación y confirmó que su voto fue “No” desde el principio.
La defensa del secretario Diego González
Blanco de todas las miradas, Diego González negó rotundamente las acusaciones:
“Estas denuncias son temerarias. Mi rol es técnico. No tengo autoridad para cerrar ni abrir registros de votación.”
González defendió la transparencia del proceso y aseguró que nunca modificó ni alteró los votos. Dijo que simplemente registró los sufragios entregados por los senadores y que no hubo tiempo ni intención de fraude.
La reacción presidencial: “No se hundió, la hundieron”
Gustavo Petro no se quedó callado. Desde sus redes sociales sentenció:
“No se hundió. La hundieron con fraude.”
Para el presidente, lo ocurrido fue un “bloqueo institucional” y anunció movilizaciones sociales para presionar desde las calles lo que no pudo pasar en el Congreso. También planteó la posibilidad de repetir la consulta por vías ciudadanas, como los cabildos populares.
Iván Cepeda y la bancada oficialista: la narrativa del bloqueo
El senador Iván Cepeda se alineó con la narrativa de fraude, calificando el proceso como realizado “sin garantías” y como un ejemplo más del cerco legislativo contra las reformas del gobierno.
Pidió que se repitiera la votación y exigió respeto por los mecanismos de participación ciudadana.
Los grandes ausentes: el silencio también pesa
Al menos cuatro senadores del Pacto Histórico no votaron. Uno de los casos más controversiales fue el de Martha Peralta, quien denunció que se cerró el registro antes de su regreso, pero también fue acusada por otros congresistas de estar en un salón de belleza durante la sesión.
Estas ausencias fueron clave: la votación terminó 49-47. Si Peralta y otros tres hubiesen votado por el “Sí”, el resultado podría haber sido distinto.
Análisis imparcial ampliado: lo que realmente está en juego
El hundimiento de la consulta popular sobre la reforma laboral no solo marca una derrota legislativa para el gobierno Petro. Representa un episodio que pone en evidencia las tensiones estructurales entre el Ejecutivo y el Congreso, así como las fragilidades del sistema democrático cuando las formas se desdibujan por la polarización.
A continuación, analizamos los hechos más polémicos y sus implicaciones, sin juicios apresurados:
1. Cierre anticipado del registro de votación: ¿medida preventiva o estrategia política?
Hecho: Se cerró el registro antes de que todos los senadores afines al “Sí” pudieran votar. Esto impidió la participación de al menos cuatro senadores que habrían podido modificar el resultado.
- Pro (Cepeda/oposición): El presidente del Senado tiene la facultad de levantar la sesión si considera que no hay condiciones. La situación se había salido de control con gritos y acusaciones, y se priorizó el orden.
- Contra (Gobierno): Este cierre no fue neutral. Sucedió justo cuando el “Sí” empezaba a tomar fuerza. Algunos senadores estaban impedidos momentáneamente y el reglamento permite esperar su reincorporación.
Análisis: Aunque Cepeda actuó dentro de sus competencias, la oportunidad y el contexto generan sospechas legítimas. El Reglamento Interno del Congreso (Ley 5ª de 1992) no establece un tiempo mínimo obligatorio de apertura del registro, pero sí exige garantizar el derecho al voto de los senadores presentes o reincorporados tras un impedimento.
2. Conteo de votos manuales: ¿necesidad técnica o punto ciego institucional?
Hecho: Algunos senadores votaron manualmente. Benedetti denunció que uno de estos votos fue alterado, cambiando un “Sí” por un “No”.
- Pro: El voto manual es válido cuando hay fallas técnicas o el senador no usa el sistema digital. Es un procedimiento habitual en el Congreso.
- Contra: Sin supervisión externa inmediata, este tipo de conteo es vulnerable a sospechas de manipulación. La falta de cámaras enfocando el conteo en tiempo real alimenta la desconfianza.
Análisis: No hay evidencia contundente de manipulación, pero la opacidad del procedimiento es un problema. En procesos de alto voltaje político, cualquier ambigüedad se convierte en pólvora. La solución pasa por transparentar el proceso, grabar el conteo y publicar las actas de inmediato.
3. El caso Édgar Díaz: el voto bisagra
Hecho: Díaz hizo un gesto manual en el recinto. Fue contado primero como “Sí”, pero luego corregido como “No”.
- Pro: Él mismo ratificó su voto por el “No”. No hay contradicción formal, y el conteo final coincide con su versión.
- Contra: La interpretación inicial del voto (como “Sí”) muestra que hubo confusión. En una votación tan ajustada, ese margen de error es imperdonable.
Análisis: El error inicial en el conteo fue subsanado, pero la gestión de ese momento fue desprolija. En votaciones cerradas, la falta de un protocolo claro para votos manuales crea caos interpretativo. Y el hecho de que un solo gesto determine el destino de una consulta nacional genera inquietud ciudadana.
4. Ausencia de senadores oficialistas: ¿descoordinación o estrategia fallida?
Hecho: Varios senadores del Pacto Histórico no estuvieron presentes en el momento de votar.
- Pro (oposición): Si realmente les importaba la votación, debieron estar presentes. La responsabilidad es también del Gobierno por no asegurar la totalidad de su bancada.
- Contra (Gobierno): Algunos estaban impedidos legalmente y salieron del recinto bajo derecho. El cierre de votación sin esperar su regreso fue un acto político.
Análisis: La descoordinación dentro del oficialismo debilitó su capacidad de maniobra. En política legislativa, los errores logísticos se pagan caro. Pero también es cierto que la rapidez del cierre levantó dudas sobre la intencionalidad. Es un doble fallo: del Congreso por no garantizar el derecho al voto, y del Gobierno por no asegurar el quórum de su propio bloque.
5. Las denuncias de fraude: ¿evidencia o narrativa política?
Hecho: Armando Benedetti y Gustavo Petro denunciaron “fraude”, pero hasta ahora no han presentado pruebas concluyentes ante una entidad judicial.
- Pro (Gobierno): Hay video, papeles físicos y testimonios que, aunque no sean concluyentes, justifican una revisión judicial. Además, la votación fue tan ajustada que cualquier irregularidad, por menor que parezca, afecta el resultado.
- Contra (oposición): Acusar de fraude sin pruebas sólidas es una estrategia de desprestigio institucional. Si hubo irregularidades, deben probarse en los tribunales, no en redes sociales.
Análisis: La palabra “fraude” debe usarse con responsabilidad. Hasta ahora, no hay pruebas técnicas que certifiquen manipulación. Pero sí hay evidencia de improvisación, desorden y un manejo político poco transparente del procedimiento.
Conclusión final: ¿Qué nos dice este episodio sobre la política colombiana?
Este no fue un debate sobre reforma laboral. Fue un juego de poder entre dos visiones del país: una que quiere transformar el sistema desde la participación directa y otra que defiende las reglas del Congreso representativo.
El hundimiento de la consulta popular no debe leerse solo como una derrota legislativa del Gobierno Petro, sino como una crisis de legitimidad del proceso parlamentario en contextos polarizados. Cuando las instituciones no garantizan confianza, la calle se convierte en tribunal.
Pero cuidado: ni la presión social puede sustituir las formas democráticas, ni el reglamento parlamentario puede ser usado como trinchera política. Si el Congreso pierde credibilidad y el Gobierno convierte cada derrota en una denuncia, el costo lo paga la ciudadanía.
¿Y ahora qué?
- El oficialismo tiene camino legal y político para insistir en la consulta, pero necesita mejorar su capacidad organizativa.
- La oposición debe demostrar que puede ejercer el control sin bloquear el debate público.
- Y el Congreso, como institución, debe revisar sus protocolos de votación para evitar que la democracia se decida por un gesto o un papel amarillo.
¿Y tú qué opinas? ¿Fue un fraude o simplemente una derrota política mal gestionada?
